Técnico que hacen chanchullos
para vender más y particulares que falsean la nota con photoshop.
Os dejo esta noticia que me ha impacto al leerla en El País.
La obligatoriedad de contar con
un certificado energético para vender o alquilar una vivienda ha destapado una
bolsa de negocio por explotar que ha degenerado en una guerra de precios al
mejor postor y en una picaresca creciente. La primera salta a simple vista con
una sencilla búsqueda en Internet: hay webs que ofrecen certificados en Madrid
a 45 euros más IVA. Incluso la propia organización de consumidores OCU
anunciaba en octubre que "si solo quieres cumplir el expediente, un
certificado telemático es suficiente. Los hay por 35 euros". La segunda es
una realidad para los expertos en el sector. "El nivel de engaño va desde
técnicos que hacen chanchullos para vender más hasta particulares o
inmobiliarias que cambian con Photoshop la letra. Es una mezcla de ignorancia y
osadía", asegura Pilar Pereda, secretaria general del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM).
"La
picaresca no conoce límites", corrobora Ángel Ignacio Mateo, secretario
del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. "Hay
profesionales que realizan certificados a distancia sin visitar la vivienda, y
lo que es peor, sin tener seguro de responsabilidad civil, y propietarios que
publicitan la venta de su inmueble sin exhibir la requerida etiqueta
energética". La paradoja es que, por el precio irrisorio de una
certificación, los técnicos se enfrentan a sanciones severas en caso de cometer
fraude.
Y las
multas ya están empezando a llegar. Madrid puso la primera el pasado diciembre,
siete meses después de la entrada en vigor del decreto ley que regula el
certificado. Y lo hizo con mano firme: 4.000 euros por una infracción muy
grave: el técnico otorgó una A, la máxima calificación, a una casa que en
realidad era de clase C —la más baja es una G—.
Desde
junio, la Comunidad de Madrid ha recibido 115.850 certificados de edificios
existentes, nuevos y en proyecto, y tiene abiertos 113 expedientes de control.
Pero pocos dudan de que haya más casos flagrantes. "Otorgar una letra A no
es un error, es muy complicado conseguirla", señala Gonzalo Cervera,
director de Tinsa Certify. Máxime con el historial del parque residencial
español: la mayoría de los edificios construidos desde finales de los sesenta y
hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2006 carecen
de sistemas de aislamiento y ahorro de energía. "Lo que nos lleva a que la
tipología A-B-C suponga solo un 5% de los certificados", asegura Carlos
Gómez, director general de NVR, especializada en rehabilitación de edificios y
eficiencia energética. Se estima que puede haber unos 350.000 certificados
registrados en España.
"Estoy
seguro de que veremos más sanciones y espero que así sea, porque algunos
intentamos hacer las cosas bien. Al principio, los registros autonómicos no
tenían articulados los mecanismos para penalizar y ha sido un campo
libre", ahonda Cervera. Sabe de lo que habla: llevan realizados 27.000
certificados y tienen otros 35.000 en gestión. La mayoría, pisos y locales de
entidades financieras. "Antes era reacia a la inspección porque considero
que somos profesionales, pero ahora veo que hacen falta de 10 o 12 multas más
para que la gente comprenda que esto no es jauja", añade Pereda, del COAM.
Sin embargo, ambos coinciden en que la dramática situación laboral tiene mucho
que ver. "Si la gente no tuviera tanta necesidad, haría valer su trabajo.
Nos llegan colegiados a los que les quieren pagar 30 euros por certificados que
las empresas cobran a 50 euros", se lamenta Pereda.
En
teoría, las tarifas establecidas en noviembre de 2013 para la Sociedad Estatal
de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) deberían servir como referencia
—184,34 euros sin IVA para inmuebles de hasta 80 metros cuadrados—, pero en la
práctica no es así. "Con la guerra de precios todos salen perdiendo. Por
un lado, el exceso de competencia, las plataformas de subastas y la situación
económica están llevando a trabajar por precios más bajos de los esperados, lo
que merma la calidad del certificado. Por otro, las entidades financieras y los
grandes patrimonialistas tienen volumen para fijar el precio", señala José
Luis Espinosa, director técnico de Certificación Energética de ASECENER y
formador del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Además, las tasas
aplicadas por la mayoría de comunidades —Madrid es de las pocas que no las
cobra— más el IVA pueden llegar a duplicar lo cobrado por el técnico.
"El
ciudadano desconoce que si se realiza un certificado único del edificio
—necesario para acceder a ayudas de rehabilitación energética del IDAE—, el
ahorro será considerable", asegura Mateo. Pero el coste no es el único
problema. "Existe confusión en la Administración sobre quién puede
realizar el certificado, disparidad de criterios entre comunidades. falta de
información general y de experiencia de los técnicos", asegura Espinosa.
En
general, la desinformación es la tónica dominante. De ahí que Pereda insista en
el valor pedagógico de proyectos como el piloto del plan Madrid Renove: una
rehabilitación integral energética de una torre de 11 plantas con una
calificación E que podría llegar a ser una B. Mañana se conocerá el ganador de
los 16 arquitectos del concurso de ideas.
Vía: El País
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/06/vivienda/1391692114_309183.html
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